La ley y los gatos comunitarios, en diez preguntas

Sí. El art. 39.1 de la Ley 7/2023 dice que, en ausencia de otra previsión autonómica, corresponde a las entidades locales la gestión de los gatos comunitarios y que «deberán desarrollar Programas de Gestión de Colonias Felinas».

No. La ley no contiene un plazo específico para los ayuntamientos; la obligación está vigente desde la entrada en vigor de la ley, el 29 de septiembre de 2023.

Las nueve letras del art. 39.1: participación ciudadana y regulación de los cuidadores (a), colaboración con entidades (b), atención sanitaria a cargo del ayuntamiento (c), protocolos para terrenos privados (d), campañas de información y formación (e), plan de control poblacional con censo, esterilización y programa sanitario y protocolo de conflictos (f), lo que establezca el protocolo marco autonómico y un informe anual a la comunidad autónoma (g), un espacio para la retirada temporal de colonias (h) y control de la identificación y esterilización de los gatos con propietario (i).

El ayuntamiento asume la atención sanitaria de los gatos comunitarios (art. 39.1.c) y su identificación queda a nombre de la administración local (art. 38.2). El Estado debe establecer líneas de subvención (art. 39.2) y la Diputación puede apoyar a los municipios (art. 39.3).

La ley remite a las ordenanzas («a través de sus normativas municipales») la regulación de los derechos y obligaciones de los cuidadores (art. 39.1.a). Para eso, y para establecer prohibiciones y sanciones propias, lo adecuado es una ordenanza o modificar la de bienestar animal. El programa en sí puede aprobarse por el Pleno o por la Alcaldía.

Debe aprobar un protocolo marco (art. 40) con criterios de captura, registro, alimentación, esterilización, refugios, formación y acreditación de cuidadores y emergencias. La ley estatal es básica: tu comunidad puede añadir requisitos, pero no rebajarlos. Solo si la ley autonómica encarga la gestión de las colonias a otra administración, se aplica esa regla (art. 39.1). Por ejemplo, en Castilla-La Mancha la Ley 7/2020 (art. 28) obliga a los municipios a evitar que las colonias causen molestias o se masifiquen y a comunicar cada año a la Consejería sus programas, la ubicación de las colonias y los resultados.

El art. 42 prohíbe, entre otras cosas, sacrificar gatos comunitarios, abandonar gatos en una colonia y retirarlos o reubicarlos fuera de los supuestos previstos. Matar gatos comunitarios es infracción muy grave (art. 75) y la retirada o reubicación no permitida, grave (art. 74).

Leves, apercibimiento o multa de 500 a 10.000 €; graves, de 10.001 a 50.000 €; muy graves, de 50.001 a 200.000 € (art. 76). Lo recaudado debe destinarse a protección animal.

No (octubre de 2026). La Ley 7/2023 no se ha modificado y su reglamento sigue siendo un proyecto: el borrador publicado por el Ministerio en junio de 2025 incluye normas sobre colonias (por ejemplo, que los gatos retirados temporalmente no pasen más de tres semanas en el espacio provisional, salvo excepciones). Hasta que se apruebe, la referencia técnica es la Directriz de la Dirección General de Derechos de los Animales (agosto de 2024) y el Plan de Acción 2026-2030.

La ley no prevé una sanción directa al ayuntamiento, pero no tener programa le impide acceder a la subvención estatal, y los vecinos pueden pedir información, ejercer el derecho de petición, reclamar contra el presupuesto, acudir al Defensor del Pueblo o, en último término, a los tribunales.